Mientras Labastida reaparece como ejemplo de combate al narco, periodistas recuerdan episodios de violencia, señalamientos de colusión y apoyos polémicos.
Sugeyry Romina Gándara |Ciudad de México, 14 de mayo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).- Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha reaparecido en los últimos días en distintos espacios como nuevo símbolo de la oposición para asegurar que durante su administración sí se combatió al crimen organizado, aún cuando en el pasado ha sido vinculado con el narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos, el mismo que hoy pide la detención y extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya.
Por ejemplo, cuando Labastida Ochoa fue nombrado Secretario de Gobernación por el Presidente Ernesto Zedillo, en 1998, fue acusado en un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de proteger al narcotráfico desde que fue Gobernador de Sinaloa, entre 1987 y 1992, debido a que él designó a Arturo Moreno Espinoza, jefe de la Policía Judicial del estado; Enrique Corza Marín, subdelegado de la Campaña contra el Narcotráfico, y Robespierre Lizárraga Coronel, jefe de la Policía Municipal de Culiacán, quienes fueron detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), en 1989, por coludirse con Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo más relevante del país llamado “el jefe de jefes”, capturado ese año en Jalisco.
Periodistas y analistas sinaloenses consultados consideran que Labastida mantiene una memoria selectiva sobre la penetración del crimen organizado en los gobiernos de Sinaloa, una problemática que se arrastra desde hace décadas. Aunque no existen acusaciones formales o investigaciones abiertas contra Labastida, los periodistas especializados han recordado episodios ocurridos durante su administración y, sobre todo, su cercanía política con el exgobernador Mario López Valdez, conocido como “Malova”, quien ha acumulado múltiples señalamientos y reportes que lo vinculan con el crimen organizado.
“Sí es bien interesante su memoria histórica donde ciertamente omite cosas. Por ejemplo, en su administración Francisco Labastida tuvo el acuartelamiento de policías, varios de los policías señalados o vinculados con el crimen organizado, y ese acuartelamiento ocurrió en la Novena Zona Militar. Se les tuvo que investigar por parte de la entonces Procuraduría General de la República y la Sedena. Y eso le llevó a tener también señalamientos en su administración”, explicó en entrevista Marcos Vizcarra, periodista sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos, corrupción y justicia.
La estirpe política de Sinaloa
Vizcarra añadió que Labastida “patrocinó una estirpe de políticos” en Sinaloa, entre ellos Mario López Valdez. Por su parte, el también periodista de investigación sinaloense Silber Meza sostuvo que en este estado ha sido prácticamente imposible ejercer el poder sin algún tipo de relación o acuerdo con el crimen organizado.
“Que un Gobernador como Labastida salga a decir que está totalmente limpio de corrupción y de vinculación con el crimen organizado es poco creíble, después de que apoyó a Mario López Valdez (Malova), lo cual es un hecho bastante demostrable, y de que su hijo recibió un pago por ese apoyo, mediante una coordinación de asuntos estratégicos. Además, Francisco Labastida respaldó a todo el gobierno de Malova, a pesar de la corrupción evidente que había, principalmente en manos del gran operador de la policía de Sinaloa, Jesús Antonio Aguilar Íñigos, alias ‘Chuy Toño’”, señaló Meza en entrevista.
Los cuestionamientos hacia Labastida también fueron retomados por el periodista Ismael Bojórquez, quien recordó en un artículo publicado este 12 de mayo en RíoDoce un episodio ocurrido durante el gobierno del priista:
“Francisco Labastida como Gobernador (1987-1992), y aunque no se le ha atribuido una cercanía con los narcotraficantes, recibió un fuerte golpe del gobierno federal el 8 de abril de 1989, cuando el Ejército mexicano inmovilizó y desarmó a toda la Policía Municipal de Culiacán mientras él se encontraba buceando en Baja California Sur. El jefe de la entonces Policía Judicial, Arturo Moreno, fue detenido y su coordinador estatal de seguridad, Fernando García Félix, tuvo que huir del país. Él no, pero los suyos, sus hombres más cercanos, sí. ¿No lo sabía?”, escribió Bojórquez.
Memoria selectiva
A partir de que el Gobierno de Estados Unidos pidió la detención y extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, el exgobernador priista Francisco Labastida Ochoa ha reaparecido en las últimas semanas en entrevistas y espacios mediáticos para insistir en presentarse como un mandatario que sí enfrentó al crimen organizado.
Por ejemplo, en una entrevista con Carmen Aristegui aseguró que, desde su llegada al Gobierno de Sinaloa, emprendió una depuración de las corporaciones policiacas.
“En Sinaloa estaban gobernando los narcos”, afirmó Labastida, quien relató que antes de aceptar la candidatura a la gubernatura rechazó inicialmente la propuesta del entonces Presidente José López Portillo porque consideraba que no estaba preparado en temas de seguridad pública.
Según dijo, durante cuatro años se capacitó con especialistas de México y agencias internacionales como el FBI, la DEA y la CIA y, además de corporaciones españolas, francesas e israelíes. Cuestionado por Aristegui sobre las primeras acciones de su gobierno, Labastida respondió que su primer decreto fue limpiar el sistema judicial. “El 70 por ciento de los policías judiciales fueron despedidos y el 40 por ciento de ellos entró a la cárcel”, sostuvo.
Por otra parte, en una entrevista publicada el pasado 5 de mayo por el diario español El País, realizada por el periodista Ernesto Núñez, Labastida afirmó que durante su administración hizo “lo que pudo” para evitar que el problema del narcotráfico alcanzara las dimensiones actuales. En dicha entrevista, aunque Labastida reconoció que también fue señalado por presuntos acuerdos con narcotraficantes sinaloenses, aseguró que las acusaciones eran “endebles” y por ello decidió no responderlas públicamente.
Asimismo, reconoció que la influencia del narcotráfico creció durante los gobiernos priistas que lo sucedieron, entre ellos los de Renato Vega Alvarado, Juan Millán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. Sin embargo, en su conversación se centró en Rocha Moya e incluso afirmó que la “rumorología” lo señalaba como supuesto enlace con “Los Chapitos” cuando era jefe de asesores de Quirino Ordaz, aunque reconoció que no le constaba dicha versión.
Las acusaciones contra Labastida
“El nombramiento de Labastida podría resultar costoso para la administración del Presidente Ernesto Zedillo, si los informes de que Labastida ha mantenido vínculos con narcotraficantes desde su periodo como Gobernador de Sinaloa se hacen públicos”, decía el documento de la CIA, publicado en febrero de 1998 por el diario conservador The Washington Times, cuya autenticidad no desmintió el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, cuando se le preguntó su opinión: “No comentaré sobre un informe de inteligencia”.
Labastida Ochoa siempre se ha dicho inocente por la colusión de estos funcionarios con Félix Gallardo, pese a que nombró a un sobrino de éste, Fernando García Félix, como coordinador del Plan Estatal de Seguridad Pública —“me fallaron mis informantes”, dijo entonces—, pero antes y después de él los exgobernadores de Sinaloa, de quienes él ha sido el más prominente como candidato presidencial del PRI en el 2000, han sido señalados por vínculos con el narcotráfico, como su antecesor inmediato, Antonio Toledo Corro, y posteriores, como Juan Millán Lizárraga, Mario López Valdés, Quirino Ordaz Coppel y ahora con Rocha Moya.
Hasta el titular de la PGR cuando se capturó a Félix Gallardo, Enrique Álvarez del Castillo, también fue señalado de proteger al narcotráfico como Gobernador de Jalisco —entre 1983 y 1988— cuando los principales capos de Sinaloa huyeron de la Operación Cóndor en Sinaloa para crear el Cártel de Guadalajara. Con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985, se le acusó de brindar protección a los narcos que participaron del homicidio, entre ellos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Tanta era la penetración del narcotráfico en las esferas de gobierno que Javier Coello Trejo, subprocurador de la PGR contra el narcotráfico, cuenta en su libro El fiscal de hierro que cuando él planeaba la captura de Félix Gallardo, en Guadalajara, no le avisó al Procurador Álvarez del Castillo, su jefe —“preferí ser reservado y prudente, pues había sido Gobernador de Jalisco, por lo que no le compartí información”—, ni al Gobernador Labastida: “Si yo daba un paso en falso, alguien podía darle el pitazo de que íbamos por él”.
Una casta de gobernadores y acusaciones
No obstante, mientras Labastida insiste en presentarse como un político incorruptible, periodistas de la región contradicen ese discurso.
Silber Meza consideró que, aunque el caso de Rocha Moya elevó el tono con el que Estados Unidos ha puesto la mira sobre políticos mexicanos al solicitar su detención provisional, eso no significa necesariamente que sea “más narco-gobernador” que otros mandatarios de Sinaloa, quienes también han sido señalados en medios de comunicación o en diversas acusaciones.
“Decir que, en particular, este Gobernador (Rocha Moya) es más narco que los anteriores no es fácil, porque cada Gobernador tiene hechos que lo han vinculado con el crimen organizado”, afirmó.
Para Meza, en Sinaloa ha sido prácticamente imposible que un gobernante asuma y ejerza el poder sin algún tipo de acuerdo o vínculo con grupos criminales.
“En Sinaloa ha sido prácticamente imposible que un gobernante asuma y ejerza el poder si no existe algún tipo de vinculación o acuerdo con el crimen organizado”, sostuvo.
El periodista de investigación expresó, además, que espera que el caso Rocha Moya represente un parteaguas para romper con esa relación histórica entre el poder político y el crimen organizado.
“Ojalá que este sea un parteaguas para que eso cambie, para que deje de existir ese vínculo entre los gobernantes y el crimen y, al contrario, sean totalmente ajenos y combatan la corrupción. Porque la versión de los gobernantes siempre es: ‘el crimen organizado no me corresponde como gobierno estatal; es un delito federal y, por lo tanto, nosotros no lo combatimos’. Y eso, técnica y formalmente, es cierto, pero de lo que no hablan cuando hacen ese tipo de comentarios es de la colusión y de la corrupción que han existido y que siguen existiendo en los gobiernos”, agregó.
Rubén Rocha Moya enfrenta cargos en Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro.
Apoyó a Malova desde la campaña
Silber Meza recordó que el respaldo de Labastida hacia Malova se remonta desde antes de su llegada a la gubernatura: “Francisco Labastida apoyó de una forma importante, dura, fuerte a Mario López Valdez, que era su compañero de fórmula en el Senado, ambos por el PRI”, relató.
Mario López Valdez militó en el PRI hasta el 19 de marzo de 2010, fecha en la que renunció al tricolor para convertirse en el candidato a la gubernatura por la alianza Unidos por Sinaloa, integrada por los partidos PAN, PRD y Convergencia.
Antes de dejar el PRI, en 2006, contendió junto con Francisco Labastida Ochoa por un escaño en el Senado. Ambos ganaron. López Valdez se convirtió en secretario de las comisiones de Desarrollo Regional y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, además de integrar las de Agricultura y Ganadería y Recursos Hidráulicos.
Silber Meza explicó que, en ese momento, el entonces Gobernador Jesús Aguilar Padilla impulsaba como sucesor a Jesús Vizcarra Calderón, propietario de SuKarne y promotor de Salud Digna. Sin embargo, Labastida y el exgobernador Juan Millán Lizárraga respaldaban a Mario López Valdez, conocido como Malova. “Hubo una confrontación de grupos internos dentro del PRI”, recordó Meza.
Tras perder la contienda interna priista frente a Vizcarra, Mario López Valdez abandonó el PRI y, el 24 de marzo de 2010 —apenas cinco días después de dejar el partido—, fue postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Sinaloa, con el respaldo abierto de Labastida y Millán.
“Con el apoyo total, decidido y público de dos exgobernadores del PRI: Francisco Labastida y Juan Millán Lizárraga”, indicó el periodista, quien añadió que, de acuerdo con publicaciones de Ríodoce, la campaña que habría sido favorecida por el crimen organizado fue precisamente la de Malova.
“La campaña que favoreció (Ismael) ‘El Mayo’ (Zambada), en particular, fue la de Mario López Valdez, el candidato que apoyaron con todo Francisco Labastida y Juan Millán Lizárraga”, señaló.
El periodista Marcos Vizcarra confirmó que, aunque Malova fue postulado y ganó la gubernatura bajo las siglas del PAN, nunca dejó de contar con el respaldo de Labastida, quien —de acuerdo con el propio periodista— fue uno de sus principales padrinos políticos, junto con Juan Millán Lizárraga.
El ahijado incómodo
Con fuerte raigambre priista, Mario López Valdez, quien gobernó Sinaloa entre 2011 y 2016, ha sido uno de los mandatarios estatales más señalados por encubrir y proteger al crimen organizado.
Desde su llegada a la gubernatura, Malova fue acusado ante la opinión pública de ser protector de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En 2011 aparecieron mantas en distintos puntos de Sinaloa donde se acusaba al entonces Gobernador de reunirse con el narcotraficante para “limpiar” la entidad y brindarle protección e información. El entonces mandatario negó los señalamientos y aseguró que estas versiones buscaban impedir la formación de un grupo de policías ministeriales.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2013, cuando Frank Armenta Espinosa, uno de los escoltas personales del Gobernador, apareció en al menos dos videos en los que denunció presuntos vínculos entre el gobierno estatal, en particular entre Mario López Valdez, y el Cártel de Sinaloa encabezado entonces por Joaquín Guzmán Loera.
Los videos fueron difundidos luego de que el escolta fuera privado de la libertad en agosto de ese año. Posteriormente apareció asesinado y con huellas de tortura en la zona conocida como La Costerita. En ese momento, López Valdez negó las acusaciones ante la prensa e incluso ofreció detalles de su agenda personal para rechazar los señalamientos.
Otro episodio que marcó su administración fue la tercera recaptura de Joaquín Guzmán Loera en la colonia Scally, en Los Mochis, una zona donde viven altos funcionarios del Gobierno estatal y familiares del propio Malova. Tras la reaprehensión aparecieron mantas donde se le cuestionaba por la presencia del líder criminal en esa zona residencial.
“Malova o su gobierno está entre tanto conocido por haber protegido al Cártel de Sinaloa durante la guerra contra el narco”, sostuvo el periodista Marcos Vizcarra.
Vizcarra señaló que mientras a nivel federal Genaro García Luna operaba una red de protección al Cártel de Sinaloa, en el ámbito local esa dinámica se reprodujo durante el gobierno de Malova bajo el mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como “Chuy Toño”.
“Este superpolicía fue director de la Policía Ministerial e inicia su carrera con Labastida”, afirmó.
Según Vizcarra, Aguilar Íñiguez fue señalado desde los años 2000 por presuntamente brindar protección primero a la familia Carrillo Fuentes y posteriormente —ya durante el gobierno de Malova— de operar en favor del Cártel de Sinaloa mientras se combatía a grupos rivales como los Beltrán Leyva.
El periodista indicó que las referencias a esa presunta protección aparecieron posteriormente en cartas y testimonios surgidos durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera.
Vizcarra también sostuvo que Labastida ha evitado hablar sobre hechos ocurridos durante su propia administración, pese a que en ese periodo también se registraron episodios de violencia y señalamientos de colusión entre fuerzas de seguridad y grupos criminales.
“Normalmente Labastida no habla de su gobierno, de lo que pasaba, pero sí hubo una crisis de violencia importante y varios episodios en los que estuvieron inmiscuidos elementos de seguridad y grupos criminales”, señaló.
El periodista recordó además que durante la administración de Labastida ocurrió un acuartelamiento policiaco impulsado por fuerzas federales y militares.
Aunque el exgobernador ha declarado que “limpió” las corporaciones policiacas al inicio de su mandato, Vizcarra sostuvo que no fue Labastida quien realizó esa depuración: “La Sedena fue quien buscó limpiar a las policías”, afirmó.
Para Vizcarra, la figura de “Chuy Toño” representa uno de los principales ejemplos de lo que significa la narcopolítica en Sinaloa en las últimas décadas.
Silber Meza coincidió en que el apoyo de Labastida hacia Malova no terminó en la campaña electoral, sino que continuó durante su sexenio: “Con el desarrollo del gobierno de Mario López Valdez también se demostró una fuerte tendencia a favorecer al Cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos”, dijo.
El periodista recordó que Jesús Antonio Aguilar Íñiguez ya contaba con antecedentes e investigaciones antes de regresar a la Policía Ministerial durante el gobierno de Malova.
“Cuando llega Malova, el gobierno federal elimina los cargos para Chuy Toño y toma el gobierno”, afirmó.
Meza también señaló que, durante esa administración, el hijo de Francisco Labastida recibió una coordinación de proyectos estratégicos creada especialmente durante el sexenio.
“Le dio el poder de decidir sobre grandes proyectos de gas, turísticos y otros proyectos estratégicos de Sinaloa”, aseguró.
Asimismo, indicó que el hijo de Juan Millán Lizárraga recibió cargos dentro del gabinete estatal para impulsar su carreras política.
-Con información de Álvaro Delgado
